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El PSOE quiere evitar las peticiones de disolución de empresas municipales de la provincia

Ayuntamientos como el de Málaga o el de Torremolinos han recibido estos requerimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

 
Heredia y Pradas en el Registro del Congreso de los Diputados Málaga Digital

Málaga Digital | Provincia

01/11/2016 00:04

Los socialistas han registrado una batería de iniciativas en el Congreso para detener los requerimientos de disolución de empresas municipales en la provincia de Málaga. Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE de Málaga, Miguel  Ángel Heredia.


Heredia ha recordado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha enviado requerimientos en la provincia de Málaga, entre otros, al Ayuntamiento de Málaga para eliminar el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), y también al Ayuntamiento de Torremolinos para proceder a la disolución de la empresa pública que gestiona el Palacio de Congresos del municipio.


Entre otras iniciativas, los socialistas han presentado una proposición no de ley (PNL) instando al Gobierno de España a que realice de manera inmediata todas las actuaciones necesarias para paralizar la disolución de las entidades dependientes de las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones provinciales de régimen común) que prestan servicios públicos a la ciudadanía o realicen actividades de impulso económico o social, y en especial aquéllas que estén prestando servicios públicos esenciales, como el abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, la recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos o el transporte público de viajeros.


Heredia considera que la disolución de empresas municipales por parte del Gobierno es “una medida injusta porque es un ataque a la autonomía municipal, a los servicios públicos y a la ciudadanía”.


Asimismo, ha recordado que  el cierre de empresas deficitarias es una medida recogida dentro de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como ley de la reforma local, que está recurrida en el Tribunal Constitucional por más de 3.000 ayuntamientos y que además ha sufrido modificaciones en aspectos sustanciales en dos sentencias del propio Tribunal Constitucional. “Nos encontramos con una exigencia realizada en aplicación de una norma cuya constitucionalidad se encuentra impugnada ante el Tribunal Constitucional por el recurso presentado ante dicho órgano por más de 3.000 ayuntamientos, por entender que dicha norma vulnera el principio de autonomía local reconocido, recogido y protegido por la Constitución”, ha explicado.


“Pero sobre todo es un disparate porque atenta contra los servicios públicos que prestan nuestros ayuntamientos en pueblos y ciudades”, ha asegurado. Según Heredia, las empresas “que pretende cerrar el señor Montoro” son empresas públicas básicas, “muchas de ellas de primera necesidad para muchos vecinos y vecinas de nuestros pueblos y ciudades”, como son las empresas de transportes de viajeros; las de abastecimiento y depuración de aguas; las de medio ambiente; las de recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; las que prestan servicios sociales; las de fomento del empleo; las de promoción del desarrollo rural o promoción del turismo. “Empresas que prestan servicios públicos básicos. Si se cierran, ¿quién va a prestar estos servicios a los vecinos y vecinas?”, se ha preguntado.




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