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Marbella recurrirá el anteproyecto de Ley para un Urbanismo Sostenible de la Junta

 
Reunión de la Junta de Gobierno

Málaga Digital | Provincia

30/01/2018 00:45

El Ayuntamiento de Marbella alegará contra el anteproyecto de Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía, elaborado por la Junta de Andalucía y que actualmente se encuentra en fase de información pública.


Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, quien ha explicado que el documento “es profundamente perjudicial para Marbella”. El escrito de alegaciones, contrario a distintos aspectos de la normativa urbanística, ha sido aprobado hoy en la reunión de la Junta de Gobierno Local.


Según ha señalado el concejal, “esta ley es una nueva oportunidad perdida por la Junta para aclarar la situación urbanística de nuestra comunidad y, muy particularmente, de nuestra zona”, al tiempo que ha reclamado que “se aplique el sentido común y se arbitre una solución que devuelva la seguridad jurídica a todos los andaluces y a los ciudadanos de Marbella y San Pedro con una normativa que sea mucho más sencilla que la anterior, ya que hasta ahora cada vez hay más complicaciones, más recortes de competencias y más problemas incubados”.


En este sentido, ha recordado que “desde hace muchos años se ha pedido una simplificación urbanística para facilitar el proceso urbanizador a los propietarios de terreno, sin que eso implicase una ausencia de garantías y obligaciones por parte de ellos” y ha destacado que, por el contrario, la nueva norma “es más compleja que la anterior Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”. “Desde 2003 la Junta ha ido dando palos de ciego con no menos de diez modificaciones legislativas, lo que demuestra hasta qué punto ninguna de esas modificaciones ha sido suficiente para solventar la problemática urbanística de Andalucía”, ha agregado.


Ha valorado que el anteproyecto “funciona sobre un modelo de planificación decimonónico” y “empuja a la población fuera de los cascos urbanos”. “En Marbella tenemos un casco urbano maravilloso y queremos que esté habitado”, ha lamentado, al tiempo que ha puesto el acento en que “no tiene en cuenta los pocos recursos de las haciendas municipales”. “Mantiene sistemas como los aprovechamientos y las cesiones obligatorias a los ayuntamientos, con lo que se consiguen consistorios con un gran patrimonio de suelo pero sin recursos ni para desarrollarlo ni para volcarlo en los servicios públicos”, ha apuntado.


Otro de los argumentos que contempla el escrito de alegación que presentará el Ayuntamiento es la oposición a que se creen nuevas clasificaciones y tipologías de suelo, “ya que las normas deben ser pocas y muy claras y lo que no deben es complicar más la situación actual”, a lo que ha añadido que el documento “no reconoce el principio de autonomía local”. En este sentido, ha avanzado que se trasladará este asunto tanto a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).


En este punto, ha detallado que la nueva ley prevé la elaboración de planes generales de ordenación estructural, que estarán por encima de los planes generales de ordenación urbanística que elaboran los ayuntamientos, y que establecerán “una ordenación pormenorizada de lo que se pueda realizar en cada municipio, lo que va a implicar que el diseño de la ciudad se decida desde Sevilla”. El portavoz municipal ha afirmado que se trata de un “atropello”, ya que la ordenación “es una competencia municipal y debería seguir siéndolo”.


Además, ha aludido a que la ley “no reconoce a los municipios turísticos”, lo que, según ha subrayado, “implicaría que en materia de desarrollo urbanístico Marbella tenga la consideración de una ciudad de 140.000 habitantes, cuando es una de las ciudades con mayor índice de población flotante con picos de hasta medio millón de habitantes, que son quienes utilizan nuestras carreteras, nuestros centros de salud o nuestras infraestructuras de agua”. Por último, ha apuntado a que “tampoco se da una solución a situaciones irregulares de las que no son responsables los titulares de viviendas, dejando en desamparo a los terceros de buena fe”. 




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