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Cs intensifica su defensa y lanza diez motivos a favor de la privatización de Limasa

 
Juan Cassá y miembros de Cs muestra su apoyo a la privatización de Limasa

Málaga Digital | Málaga Capital

02/10/2017 11:12

La cuestión de Limasa continúa ocupando parte del debate político entre las fuerzas políticas municipales de Málaga capital. Y es que, tras el estancado debate sobre la municipalización o privatización de la gestión de la empresa de limpieza, los partidos continúan defendiendo sus postura para que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y su equipo de gobierno se decidan sobre la futura gestión.


A pesar de que la decisión final de la gestión de la empresa limpieza es un requisito para poder negociar los presupuestos de 2018, Ciudadanos ha tendido de nuevo la mano al alcalde para que externalice Limasa. Para ello, la formación naranja ha activado una campaña en la que, con el hashtag #LimasaPideCambio, ofrece diez motivos para tomar esa decisión. “Vamos a intensificar nuestro mensaje para intentar que el alcalde y el PP apuesten por una Limasa externalizada y dividida. Creemos con sinceridad que es lo mejor para la ciudad. Es éste el vuelco de 180 grados, el cambio radical que Málaga necesita. El control público ha fallado. Nadie está contento y encima tenemos una prórroga que está disparando los costes ya de por sí alto”, ha aseverado el portavoz naranja en el Ayuntamiento, Juan Cassá.


Cassá, ha incidido en que el servicio ronda los 90 millones de euros al año y considera urgente terminar con la prórroga: “El tiempo de Limasa III ha pasado. Tendemos la mano a De la Torre para que externalice sin complejos, pero si prefiere unirse a la izquierda para hacerla pública que lo haga, seremos leales.”


En cualquier caso, el edil ha recordado que Cs no se sentará a negociar presupuestos si no hay una decisión tomada sobre el modelo de limpieza.  “Málaga no se merece estar sucia, ni un equipo de gobierno haciendo la estatua, ni estar a merced del clima laboral de la empresa. No se trata de externalizar por motivos ideológicos, sino por cuestión de eficacia del servicio. A esta conclusión llegamos tras analizar muchos datos sobre Limasa, la mayoría en el seno de una comisión de investigación que fue muy provechosa y en la que demostramos que esa luz y taquígrafos hacían falta”, ha argumentado.


Por su parte, María Jesús Palacios, vocal de Cs en el Distrito Centro, ha explicado algunas de las claves para apostar por la externalización y ha abundado en el fracaso del control público de la empresa, como primer motivo. En este punto, ha recordado que decisiones estratégicas como inversiones, personal y calidad las toma el alcalde desde 2005.


La segunda razón apunta a que a una empresa privada se le puede exigir y descontar de la factura si no cumple. La tercera, señala que el Ayuntamiento no tiene capacidad para modernizar la maquinaria obsoleta y que las empresas privadas garantizarán un servicio innovador, propio del siglo XXI. Al hilo de esta mayor experiencia, y como cuarta razón, Ciudadanos señala el 'know-how' de estas empresas, que prestan el 90% de estos servicios en España, como aval.

 

En quinto lugar, la formación naranja defiende que externalizando Limasa y dividiendo el contrato por zonas y servicios se fomentará la sana competencia entre empresas. Dicha división (sexta clave) es crucial en servicios como playas, mercados y polígonos, que deben ser especializados.


“Un nuevo contrato de Limasa acabará con facturas opacas, muy caras y difíciles de entender como el canon de asistencia técnica y la compensación económica que ahora pagamos todos”, ha esgrimido Palacios como séptima razón.


La campaña en redes, apunta como octava clave a que Málaga tiene que sacar más partido a la Planta de Tratamiento de los Ruices (biogás y producción de otras energías).


Para Ciudadanos (noveno motivo), es falso que una Limasa externalizada sea mucho más cara. Los técnicos no creen que la factura pueda subir más de un 3%. “Ahora cada vecino paga 160 euros al año”, ha precisado Palacios.

 

Como décima razón, Cs cree que una externalización del servicio acabará con viejos privilegios como los más de 200 puestos heredados, reducirá el absentismo y despolitizará los conflictos laborales.




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