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El Ayuntamiento de Torremolinos pedirá a las empresas los 700.000 euros de las ayudas al IAE

El PP asegura que "al PSOE se le escapan 20 errores de la auditoría externa por gestionar a golpe de concurrencia"

 
Ayuntamiento de Torremolinos Málaga Digital

Álvaro G. Torreblanca | Provincia

28/10/2016 12:38

El Pleno del Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado la eliminación de las ayudas al IAE tras los informes que señalan su ilegalidad, así como las subvenciones al IBI y a la Tasa de Basuras, que "igualmente se determinaron ilegales", según ha informado el Consistorio.


De esta manera, en primer lugar el Ayuntamiento ha anunciado que va a solicitar a las empresas beneficiarias del IAE que devuelvan las cantidades que han venido percibiendo desde el año 2007, que se sitúan en torno a los 700.000 euros; y en el caso de las ayudas a los ciudadanos de IBI y basura se establecerá un nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, de manera que no se vean afectados.


De esta manera, con el voto a favor de todos los grupos políticos y la abstención del Partido Popular, se ha aprobado el inicio del procedimiento de lesividad por infracción del ordenamiento jurídico de la subvención del IAE, puestas en marcha en el año 2007 y 2012. “He aquí otro ejemplo del descontrol que ha caracterizado la gestión del Partido Popular, en este caso otorgando unas subvenciones simplemente ilegales”, ha asegurado la portavoz del equipo de Gobierno, Maribel Tocón.


“La barbaridad jurídica más grande es que no están amparadas en ninguna norma, no existe una ordenanza que las regule, pero además de ser una ilegalidad, es que es una inmoralidad, pues subvenciona empresas con una cifra de negocio neto superior al millón de euros cuando acabamos de hablar hoy aquí de trabajar en aras de dar subvenciones a familias que tienen dificultad para pagar el IBI de sus casas”, ha apuntado Tocón.


20 errores en la Auditoría Externa

El PP, en este sentido, ha querido dejar que "saben cuál es la situación y asumen la responsabilidad en el presente y en el futuro, como también asumen la aportación de ayuda si es necesario". Rigiéndose por esa responsabilidad, no aprobaron el presupuesto del año 2016, ya que tenían "un informe de diciembre de 2015 que apuntaba a que esta situación podía pasar. Una situación en la que hay que saber gestionar y gobernar".?


Hace una semana, ha añadido Del Cid, "se comenzó a hablar de una auditoría externa ante las filtraciones impacientes que buscaban adelantarse a su momento y desvirtuar la anterior gestión municipal. Una auditoría que no está basada en hechos reales".


Margarita Del Cid ha sostenido que aquellos que piden la dimisión de los concejales Populares, deben recordar que no se ha acabado el derecho a la defensa, el análisis de su trabajo actual y pasado, o la garantía. Y que esa falta de convocatoria para rodear instituciones hace que CSSP entre dentro de un estado,en el que no hay cabida para los derechos democráticos.


La portavoz Popular, portando las tres auditorías realizadas, ha informado de que existen al menos veinte puntos relevantes muy importantes y que aún no se han resuelto. Estos veinte puntos que aparecen en las auditorías, son reconocidos por los auditores que afirman desconocer, y que ni son valorados ni son objeto de manifestación alguna; cálculos de las desviaciones de financiación que no se han podido efectuar, ingresos de transferencias corrientes de capital en la misma situación de falta de cálculo, o la información sobre adeudamiento incluido en la cuenta general que no se ha facilitado, según aseguran desde la formación popular.


Los auditores afirman que no pueden comprobar diversas cuestiones porque no se les ha entregado la documentación necesaria. Y "en vez de reflejar la imposibilidad de opinión por parte de los auditores mencionados, éstos emiten su opinión sin portar toda la documentación. Según la norma técnica 3.3.12 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerior de Economía, la obligación de los auditores era negarse a emitir ninguna opinión sobre el estado de las cuentas municipales", afirman.


Incluso existe un informe firmado por un interventor de la administración local que afirma que "es habitual que en los cambios políticos sea habitual que los nuevos gestores soliciten auditorías externas para desacreditar las anteriores gestiones locales. Práctica que se ha generalizado protagonizada por la posición de las nuevas oposiciones emergentes, que la han insertado en sus programas electorales", lamentan desde el PP.


Del Cid ha concluido haciendo alusión a la Ley 40/2015 que habla del régimen jurídico del sector público, y atendiendo al encargo que se realizó, y ajustándose a la legalidad, se tendrían que haber tenido en cuenta todas las entidades que 100 por 100 de naturaleza municipal no están en la auditoría incluidas, que como dice el artículo 2 del Sector Público, forman parte de este Ayuntamiento.


Finalmente, la portavoz Popular ha lanzado una pregunta al equipo de Gobierno acerca de la finalidad del Diagnóstico de diciembre de 2015 por el que los torremolinenses pagaron cerca de 50.000 euros, ya que después de recibirse se liquidaron las cuentas del Ayuntamiento con fecha 30 de marzo de 2016, y ya se conocía esta situación.


Según el informe de la Secretaría General, se detectó en un principio un perjuicio a los caudales públicos de unos 300.000 euros, que sumado a las subvenciones de cada año ascenderían a más de 700.000 euros, ya que según ha dado a conocer la edil, se renovaban automáticamente de un año para el siguiente, sin ningún tipo de acto administrativo.




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